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REFORMA DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

Publicado: 6 de Abril de 2019


Desde el día 6 de marzo de 2019 está en vigor la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tras la publicación del Real Decreto Ley 7/2019.

Tras el fallido Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, que no fue aprobado por el Congreso y únicamente estuvo en vigor en un periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019, se ha aprobado y convalidado por el Congreso el referido RDL 7/2019.

Viene a ser una mejora de las condiciones para el arrendatario, frente a la anterior reforma en la Ley de Arrendamientos Urbanos de la Ley 4/2013 de 4 de junio, que restringía sus derechos.

Las modificaciones que introduce son las siguientes:

  • Duración del alquiler: cuando el arrendador sea persona física será 5 años y cuando sea persona jurídica de 7 años, el plazo de prórroga obligatoria en favor del arrendatario (antes 3 años en ambos casos). 
  •  Resolución por necesidad del arrendador: deberá recogerse expresamente en el contrato esta opción. El primer año de contrato es indisponible. Y a partir de entonces, sólo podrá anularse el contrato si al tiempo de su celebración, se hubiese hecho constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda antes del transcurso de 5 años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. 
  • Ampliación de la Prórroga: Pasa de 1 a 3 años. Y no será de aplicación si el Arrendador notifica, al menos con CUATRO meses de antelación su voluntad de no renovar el contrato, mientras que el arrendatario deberá notificar con DOS meses de antelación.
  • Protección ante terceros por traspasos de titularidad de la vivienda: En la reforma de de 2013 se establecGarantía Adicional: Además de la fianza obligatoria, el arrendador podía pedir garantías adicionales (aval bancario, depósito, etc). Con la nueva redacción esta garantía no podrá superar el importe de dos mensualidades y siempre que el arrendador sea persona jurídica.
  • Actualización de la renta: la renta solo podrá actualizarse al acabar cada anualidad y por pacto expreso, en caso de no haberlo, no se producirá actualización y no podrá ser superior a la variación que experimente el IPC. 
  • Desahucio de vivienda: comunicación a los servicios sociales. Si estos determinan que existe una situación de vulnerabilidad, se suspenderá el procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de 1 mes, o de 3 meses cuando el demandante sea persona jurídica.
  • Fijación de la fecha y hora exactas en la resolución judicial que acuerde el Lanzamiento en caso de desahucio.
  • El juicio a seguir, cuando se trate de reclamaciones de cantidad (devolución de fianzas, actualizaciones, etc), será tramitado en el procedimiento que proceda en función de la cuantía (juicio verbal para reclamaciones inferiores a 6.000 € y procedimiento ordinario para los de cuantía superior).
  • Pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales: Desaparece el gravamen sobre el alquiler, que queda exento. Si bien, habrá que presentar el modelo indicando esa exención.

En AVF Abogados somos especialistas en Alquileres. 






 
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